Concentración de recursos y disparidad de oportunidades para tratar el cáncer en la Argentina

Hay una expresión muy común en el interior de la Argentina: "Dios está en todas partes... pero atiende en Buenos Aires". La dura realidad de la centralización de las decisiones, la concentración de los recursos en la ciudad capital y su área circundante se muestran en las estadísticas vitales de la Nación: no es ningún secreto que las tasas de mortalidad materna de provincias pobres decuplican (o más) las de la Capital, y algo similar sucede con el rango de tasas de mortalidad infantil (con una pequeña "ayuda" mediante manipulación de números en Tucumán).
En lo referente a mortalidad por cáncer, son las mismas provincias las que ostentan un triste "podio" desde principios de la década de los 90: La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe y Entre Ríos. Otra forma de mirar (indirectamente) esta problemática es examinar el consumo de recursos terapéuticos para cáncer - normalizado por población - entre las provincias argentinas. Datos antiguos del PAMI mostraban que La Rioja y Formosa tenían consumos de medicamentos oncológicos muy inferiores al promedio nacional - entre los afiliados al PAMI.
Pero éstas son miradas lejanas (desde un escritorio en Buenos Aires). Necesitamos urgentemente la asignación de recursos para investigar y establecer las causas de las enormes e injustas disparidades entre provincias argentinas, en lo referente a mortalidad por cáncer. Es un punto de inicio, para luego buscar más ambiciosamente los abordajes y correcciones que correspondan.
Un ejemplo sobre el nivel de equipamiento: no todas las capitales provinciales cuentan con un acelerador lineal de electrones. Esto implica no poder administrar radioterapia (según estándares actuales) en la gran mayoría de los casos. No hay planes gubernamentales de formación de especialistas, ni para incentivar que jóvenes (no-tan-jóvenes) especialistas se establezcan en ciudades del interior con agudas necesidades. Pero no tendrá sentido atraer un especialista para luego "atarlo/a de manos" al no contar con el equipo adecuado.
Algunas provincias particularmente aisladas geográficamente se ven obligadas a contratar especialistas "itinerantes" (eufemismo para señalar que se trasladan una o dos veces al mes): difícilmente tales estrategias brinden continuidad de cuidado (quién se ocupará de las urgencias?... el resto del personal de salud, sobrecargado). Un parche para ir tirando.
Otras provincias contratan al especialista que trabaja privadamente y lo ponen a cargo de la asistencia en su hospital público: una invitación a todo tipo de abusos. "La necesidad tiene cara de hereje" - se dirá. Cierto, pero la resultante final será un desmadre administrativo: una "herejía". Mejorará esto la calidad de asistencia? Muy probablemente, sólo mejore los ingresos del especialista que ahora tendrá "dos sombreros" en su cabeza: lo público - deficitario - y lo privado - floreciente.
El déficit crónico de personal de enfermería no es un misterio inexplicable: muchos años de formación, intensa exposición a riesgos, alto compromiso, y pobre retribución conforman una "tormenta perfecta". Y luego los funcionarios y politicos hablan de "capacitación". Una retribución salarial acorde, con equipamiento e insumos adecuados, con capacitación incluida... ¿qué capítulos del curso de gestión y administración se perdieron estos tipos?
Las decisiones sobre los recursos farmacéuticos son de lo más vidriosas: altísimos precios, enorme poder de lobby, ausencia de criterio médico-científico para las decisiones...denominadas "decisiones políticas".
Decisiones sobre vacuna anti-HPV que hacen la delicia de los laboratorios farmacéuticos. El Estado cede sistemáticamente ante los grupos de lobby.

En adecuada maniobra de pinzas, se promociona la "alta tecnología", para quien la quiera y pueda pagar, pero no se instituye un mecanismo de evaluación de tecnologías (una oficina de evaluación técnico-cientifica). Pongamos por ejemplo la tecnología PET-FDG/TC: un centro en Mendoza, otro en La Plata, y más de media docena en Buenos Aires. Pero no se discute seriamente cuál es su uso adecuado, financiable, costo-efectivo. La consecuencia: desorden. Y el paciente como "fusible".

La desigualdad geográfica en la disponibilidad de recursos públicos para la atención de la salud (con o sin cáncer) no puede ser considerada una consecuencia no calculada de la política de salud, sino el verdadero objetivo de ésta.

Atte,
Dr. Pedro Politi